El INDEC ha mostrado en su última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) que en la Argentina el 61,6% de la población tiene exceso de peso (sobrepeso u obesidad). Por otro lado, la muerte por enfermedades no transmisibles (entre ellas la obesidad) es de un 77% en nuestro país, y a nivel regional, 4 de cada 10 personas mueren por enfermedades causadas por su propia alimentación, según la OPS. Las consecuencias de esta enfermedad son muy graves, y teniendo en cuenta que afectan a más de la mitad de la población argentina, es que nos preguntamos: ¿Cómo puede intervenir el Estado en esta cuestión? ¿Cómo se podría, a partir de una ley, prevenir la malnutrición de la población?
Gran parte de este problema se debe a la asimetría o falta de información sobre la calidad de los alimentos que consumimos, hay un ocultamiento por parte de quienes venden estos productos, cuando debería ser un derecho saber lo que estamos comiendo o tomando. Las etiquetas nutricionales en nuestro país son muy difíciles de entender. Por eso, se presentó el proyecto de “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable”, que ya tiene media sanción en el Senado y que principalmente propone el etiquetado frontal de los alimentos, es decir, que aquellos productos con altos niveles de grasas totales, saturadas, sodio, azúcares y calorías deben indicar qué tipo de producto son. Es importante aclarar que esta ley ya se encuentra en vigencia en muchos países alrededor del mundo.
A simple vista parece fácil, ¿cómo no aprobar una ley que ayudaría a prevenir enfermedades no transmisibles? El problema se encuentra conciliar con aquellas empresas que venden este tipo de productos, y que están haciendo todo lo posible para frenar esta ley y que de esa manera no bajen sus ventas. Marcas que en las góndolas son competencia se unieron para que la ley no sea aprobada y para eso hacen lobby dentro del Poder Legislativo.
Las etiquetas no van a solucionar este problema, ni tampoco hacer que la gente deje de consumir estos productos, pero si democratizan la información y le brindan a la ciudadanía el derecho de saber que es lo que está consumiendo.
Por Iael Gueler para INGOB.
Comentarios