En un nuevo intento por recuperar la iniciativa política y por llevar el ciclo de medios y la conversación pública hacia otros temas más allá del Coronavirus, el gobierno decidió poner sobre la mesa la reforma judicial para debatirla en las próximas semanas.
Resulta más que llamativo que cada vez que el presidente persigue este objetivo lo haga impulsando temas que, lejos de sumarle capital político, atentan contra su imagen, su credibilidad y su perfil de moderado.
El primer intento fallido fue el caso Vicentin. Con una cuarentena estricta todavía en marcha y un reclamo económico y social que se hacía escuchar cada día con más fuerza, el gobierno intentó construir una gesta patriótica, buscando disfrazar de soberanía alimentaria la expropiación de una empresa privada. Poca agua corrió debajo del puente hasta que el tiro salió por la culata. Críticas desde todos los sectores y un profundo rechazo de la sociedad obligaron al gobierno a repensar su decisión y disipar los fantasmas de una influencia castro-chavista dentro del Frente de Todos.
Hoy, a contramano de la angustia y las necesidades de la gente por los efectos de la cuarentena, el gobierno busca debatir la reforma judicial con muchos cabos sueltos que sirven de carnada para los tiburones que buscan esmerilar la solidez del gobierno. Por un lado, constituyen un comité de expertos donde no están representados los partidos de la oposición. Por otro lado, rumorean por los pasillos que buscarán cambiar el número de integrantes de la Corte Suprema. Y por último, abonan la teoría de que el gobierno busca tocar la Justicia para garantizar la impunidad y el congelamiento de las causas de corrupción que afectan a varios funcionarios, principalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Poner la iniciativa política al servicio de un cambio de agenda es un recurso válido y necesario a la hora de gestionar. Pero no a cualquier precio. El costo que está pagando el gobierno por instalar estos temas es mayor que el beneficio que recibe a cambio.
Hoy, a contramano de los efectos de la cuarentena, el gobierno busca debatir la reforma judicial con muchos cabos sueltos que sirven de carnada para los tiburones que buscan esmerilar la solidez del gobierno.
Van casi ocho meses de mandato y el gobierno no ha logrado anotarse un punto sólido a su favor. No ha logrado acordar la deuda, controlar el mercado de cambios ni ninguna otra reforma de fondo. Por supuesto que la pandemia condicionó de manera más que significativa sus planes, pero aún en este contexto adverso las respuestas no han sido más que medidas asistencialistas y temporales que no han generado ni victorias políticas para el gobierno ni victorias en términos de calidad de vida para la sociedad. Uno no puede cambiar el viento, pero sí la dirección de las velas.
El presidente tiene el desafío de buscar nuevos disparadores de la agenda si quiere despegarse del Coronavirus y construir un tipo de liderazgo más sólido, pero sin dudas no lo conseguirá si agita los fantasmas que han llevado a la sociedad a desencantarse con el peronismo tan solo cuatro años atrás.
Por Federico Rivas para INGOB.
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